En Cantabria hay una paradoja que empieza a preocupar seriamente a empresas, administraciones y entidades sociales: mientras muchos sectores siguen buscando trabajadores, numerosas personas continúan sin poder acceder a esos empleos. El problema no siempre está en la formación, en la experiencia o en la falta de oportunidades. En muchos casos, el obstáculo es mucho más básico: simplemente no pueden llegar porque no disponen de transporte.
La cuestión ha dejado de ser un problema individual para convertirse en un reto territorial. Municipios como Castro Urdiales, Laredo, Colindres o Santoña, donde el crecimiento de determinadas áreas industriales y logísticas no ha ido acompañado de una adaptación equivalente de las infraestructuras de movilidad pública.
La movilidad ya condiciona la contratación
Durante años, el debate sobre empleo en Cantabria se ha centrado en la falta de relevo generacional, la dificultad para encontrar determinados perfiles o la despoblación rural. Sin embargo, en los últimos tiempos ha emergido un nuevo factor: la accesibilidad física al puesto de trabajo.
Empresas ubicadas en polígonos industriales pero no solo, reconocen dificultades crecientes para cubrir vacantes en determinados turnos. No porque no existan candidatos, sino porque parte de esos trabajadores potenciales carecen de una forma viable de desplazarse.
El problema se agrava especialmente en sectores con horarios rotativos, nocturnos o de madrugada. Mientras la actividad económica se organiza cada vez más en dinámicas flexibles y continuas, el sistema de transporte sigue respondiendo a esquemas tradicionales, pensados principalmente para desplazamientos urbanos o administrativos.
La consecuencia es un desfase evidente entre la realidad productiva y la estructura de movilidad existente.
Empresas aisladas del transporte
Buena parte de la actividad empresarial se concentra fuera de los núcleos urbanos. Los polígonos industriales y centros logísticos han crecido buscando suelo disponible, buenas conexiones por carretera y costes competitivos. Pero esa expansión ha tenido un efecto colateral: muchos trabajadores dependen casi exclusivamente del vehículo privado para acceder al empleo.
Para quienes no tienen coche —jóvenes, personas en situación vulnerable o trabajadores con bajos salarios— el acceso al empleo se convierte en una carrera de obstáculos.
En algunos casos, los primeros autobuses llegan demasiado tarde para cubrir turnos de mañana. En otros, simplemente no existen servicios de regreso por la noche. Hay trabajadores que enlazan varios municipios con trayectos imposibles o que rechazan ofertas laborales porque el coste del desplazamiento hace inviable aceptar el puesto.
El resultado es una pérdida silenciosa de oportunidades laborales y también de competitividad empresarial.
El coste económico de una mala movilidad
La falta de conexión eficiente no solo afecta a las personas trabajadoras. También tiene consecuencias directas sobre la economía regional.
Las empresas afrontan mayores dificultades de contratación, incrementan costes asociados a rotación y absentismo y ven reducida su capacidad de crecimiento. En algunos sectores ya se detectan problemas para consolidar plantillas estables debido a la dependencia del vehículo privado.
Además, la sobrecarga del transporte por carretera incrementa congestión, gasto energético y emisiones, reforzando un modelo territorial cada vez más difícil de sostener.
La movilidad se ha convertido así en un factor económico estratégico. No solo condiciona cómo se mueve la población, sino cómo funciona el mercado laboral.
Una ley para las grandes
La reciente entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible introduce además un nuevo marco que sin embarga no solucionará la situación en una comunidad de pymes. La norma establece que las empresas con más de 200 trabajadores —o más de 100 empleados por turno— deberán implantar Planes de Movilidad Sostenible al Trabajo, mientras que grandes centros de actividad como parques empresariales, hospitales o centros comerciales tendrán que diseñar planes específicos y contar con gestores de movilidad. Estas medidas obligarán a analizar cómo acceden sus trabajadores a los centros de trabajo y a impulsar soluciones que reduzcan la dependencia del vehículo privado, mejoren la conexión con polígonos industriales y faciliten el acceso al empleo.
Un problema compartido que obliga a coordinar respuestas
Cruz Roja en Laredo celebrará el próximo jueves 21 de mayo una mesa de diálogo sobre movilidad laboral y acceso al empleo, reuniendo a empresas, asociaciones del transporte, administraciones y agentes de desarrollo local.
La iniciativa pretende abrir un espacio poco habitual: sentar en la misma mesa a quienes diseñan rutas, generan empleo, gestionan políticas públicas y acompañan procesos de inserción laboral.
El objetivo no es únicamente diagnosticar el problema, sino explorar posibles soluciones coordinadas: refuerzo de frecuencias en horarios críticos, lanzaderas hacia polígonos, fórmulas de transporte compartido o proyectos piloto adaptados a determinadas zonas industriales.
Porque el debate de fondo ya no es solo cómo mover personas. La cuestión es cómo garantizar que el territorio siga siendo capaz de conectar oportunidades económicas con quienes quieren acceder a ellas.
