Si mañana un compañero/a te mira por el rabillo del ojo, puede ser parte del 65% de los españoles que vive con la duda de si está cobrando menos que un compañero en un puesto similar. La desconfianza está aumentando de forma generalizada en el entorno laboral. Según un estudio de SD Worx, el 72% de los trabajadores españoles siente que su empresa no es lo suficientemente transparente en materia salarial. Solo uno de cada tres empleados (34,1%) considera que las decisiones sobre su sueldo son justas y casi la mitad (46,7%) se siente mal pagado por su trabajo.
Además, únicamente el 35% cree que su salario es justo en comparación con el de sus compañeros, frente al 42% a nivel global, lo que explica que un 65% de los trabajadores en España mantenga la duda sobre si percibe menos que otros empleados en posiciones similares.
En la actualidad, la legislación española no obliga a las empresas a hacer públicos los salarios individuales de todos sus empleados, pero tampoco permite blindar completamente esa información si afecta a derechos vinculados a la igualdad retributiva.
Junio de 2026 marca la fecha límite para que los Estados miembros de la Unión Europea transpongan a sus legislaciones nacionales la Directiva de Transparencia Salarial (UE 2023/970), considerada la mayor ley de transparencia salarial de la historia de la UE. A partir de 2027, las empresas de más de 150 empleados estarán obligadas a reportar informes de transparencia salarial.
La normativa introducirá cambios significativos: se prohibirá preguntar a los candidatos por su historial salarial y será obligatorio informar sobre el sueldo inicial o la banda retributiva en las ofertas de empleo, con el objetivo de empoderar al trabajador desde el primer contacto y reducir la incertidumbre en la búsqueda de empleo y en la negociación salarial.
Sin embargo, los datos revelan una preocupante desconexión entre empresas y empleados. Mientras el 62% de las compañías cree que paga de forma justa por el trabajo realizado, solo el 35,4% de los trabajadores comparte esa percepción, lo que deja una amplia brecha de puntos porcentuales entre lo que las organizaciones consideran equitativo y lo que los empleados sienten.
Además, la adaptación a nuevas leyes laborales y al cumplimiento normativo fue la última prioridad de inversión para las empresas españolas en 2025, con solo un 11,5% destinando recursos a este ámbito, frente al 47,3% de media europea.
A ello se suman barreras internas como la resistencia por parte de la dirección, reconocida por el 25,4% de las organizaciones, y una menor profesionalización en las estructuras salariales, ya que solo el 32,2% utiliza benchmarks externos para alinear los sueldos con el mercado, frente al 40% europeo. En este escenario, la transparencia salarial deja de ser una opción para convertirse en una exigencia creciente del talento y en un elemento determinante para la competitividad empresarial en España.
