En el sector de la Seguridad Privada en España operan 1.524 empresas que facturaron 5.657 millones de euros en 2025. La amenaza se llama relevo generacional y ya afecta a la cobertura de servicios y al crecimiento de las compañías. En Cantabria, más de 1.000 personas trabajan en alguna de las 167 empresas de seguridad privada con sede en la Comunidad, pero la falta personal también llama a la puerta.
La seguridad privada tiene trabajo, pero le faltan profesionales. En España hay actualmente más de 5.000 puestos de vigilante pendientes de cubrir. Y no son previsiones de contratación a largo plazo: son vacantes reales para atender servicios existentes o solicitados, según advierte la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER).
La escasez de vigilantes va más allá de una dificultad para contratar. Sin personal suficiente, las compañías encuentran obstáculos para organizar turnos, cubrir sustituciones, responder a incidencias o asumir nuevos contratos. Incluso teniendo clientes y capacidad organizativa, la falta de profesionales puede frenar oportunidades de negocio.
Una profesión que necesita nuevas generaciones
A la demanda actual se suma un desafío demográfico. Según los datos sectoriales de APROSER, España cuenta con 94.400 vigilantes de seguridad en activo, con una edad media de 49 años. Incorporar nuevos perfiles y facilitar el relevo generacional se ha convertido, por tanto, en una necesidad para el sector.
Pero atraer talento exige también actualizar la imagen de la profesión. El trabajo de un vigilante no se limita al control de accesos: implica manejar tecnología, gestionar incidencias, intervenir ante emergencias y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se trata, además, de una actividad regulada que requiere formación, aptitud y habilitación por parte del Ministerio del Interior.
Desde APROSER se plantea la necesidad de mejorar el reconocimiento social de la profesión, agilizar los procesos de habilitación sin rebajar las garantías y reforzar la conexión entre los servicios públicos de empleo, los centros formativos y las empresas. La asociación también propone estudiar nuevas vías de acceso para determinadas nacionalidades actualmente excluidas, manteniendo los requisitos de idoneidad, formación y comprobación de antecedentes.
La formación, una pieza clave
En este escenario, facilitar la incorporación de nuevos profesionales resulta tan importante como actualizar los conocimientos de quienes ya trabajan en seguridad privada.
Es una de las líneas de actuación de IDEAS Seguridad Privada, perteneciente a Grupo Aspasia, que plantea un modelo formativo conectado con las necesidades de personal de las compañías. Con más de 15 años de experiencia en el sector, dispone de centros acreditados en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, y prevé ampliar su presencia a Castilla y León y Canarias.
Su propuesta combina formación online e híbrida para reducir desplazamientos y facilitar la compatibilidad con las circunstancias personales y profesionales del alumnado. Además, ofrece a las empresas que operan en varias comunidades un único interlocutor para coordinar sus necesidades formativas, evitando tener que recurrir a diferentes proveedores locales.
«Nuestro objetivo es ser ese nexo entre las personas que buscan incorporarse al sector y las compañías que necesitan profesionales», explica Juan Ybarra, CEO de IDEAS Seguridad Privada, quien recuerda que la formación debe atender tanto a las nuevas incorporaciones como a los reciclajes y la actualización de las plantillas existentes.
La respuesta al problema, en cualquier caso, no depende únicamente de los centros formativos. APROSER reclama una actuación coordinada de empresas, administraciones, sindicatos y reguladores, que contemple también las condiciones de acceso a la profesión, la estabilidad de las plantillas y una contratación pública que valore la calidad del servicio y no exclusivamente el precio.
