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“El nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita suponía una obligación ineludible para sustituir la norma caduca de 2008”

El anuncio del Gobierno de Cantabria de la aprobación en el Consejo de Gobierno de mañana de un nuevo Decreto que regule la asistencia jurídica gratuita “suponía una obligación ineludible para sustituir una norma caduca de 2008 y que no se podía aplazar a un momento posterior, teniendo en cuenta la cercanía del proceso electoral”, así lo ha manifestado el Decano del Colegio de la Abogacía, Andrés de Diego.

El Colegio de la Abogacía viene reivindicando desde hace años la publicación de una norma para regular el servicio público de la asistencia jurídica gratuita, “para dignificar la función que prestan los profesionales de la abogacía y la procura en favor de los ciudadanos”.

 “Resultaba urgente e inaplazable esta norma y el texto que se nos avanza supone un paso en la dirección indicada pero en ningún caso se colman las aspiraciones de la profesión en el sentido indicado”, ha señalado esta mañana el Decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego Martínez..

 Al margen de cuestiones que afectan a la tramitación de los expedientes, reconocimiento de derechos de los profesionales o funcionamiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, los baremos previstos para retribuir cada una de las actuaciones profesionales suponen un incremento porcentual importante sobre los anteriores, “pero todavía nos sitúan aún lejos de las Comunidades Autónomas limítrofes”.

 Así mismo resulta ineludible afrontar la inclusión en los baremos de algunas actuaciones profesionales que no se contemplan y, por tanto, no se retribuyen como por ejemplo la defensa de las personas jurídicas a requerimiento judicial.

 Por ello, explica el Decano,  “en las negociaciones que hemos venido manteniendo con el Gobierno de Cantabria nos hemos comprometido ambas partes a la mejora de la norma, de acuerdo con las reivindicaciones de la profesión y hacerlo de manera inmediata tras la constitución de un nuevo Gobierno, obligación que deben asumir los futuros responsables de la competencia en materia de justicia”.

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