La cita previa se ha convertido en el nuevo muro invisible de la Administración Pública. Lo que nació como medida sanitaria de emergencia se ha institucionalizado como filtro estructural que impide el acceso efectivo a derechos y servicios esenciales. Y ya no solo afecta al ciudadano de a pie: los profesionales que intermedian con la Administración también están diciendo basta.
Odontólogos y estomatólogos y Arquitectos han sido los primeros pero no serán los únicos. Los Colegios Profesionales de Cantabria, integrados en Unión Profesional, están valorando su adhesión al Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva, una iniciativa que busca desmontar la trampa burocrática de la cita previa obligatoria. Esta propuesta, promovida por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, ya ha sido respaldada por múltiples entidades sociales y profesionales de todo el país. ¿El objetivo? Que lo presencial vuelva a ser una opción real, no un privilegio residual.
Según el manifiesto, el 80 % de los procedimientos administrativos más importantes no ofreció cita disponible en algún momento del último año. ¿Consecuencias? Plazos que se disparan más allá de los 20 y hasta 30 días, servicios bloqueados, gestiones paradas, negocios en suspenso. La digitalización, tal y como se ha implantado, no es inclusión: es trinchera.
Y quienes más lo padecen son colectivos vulnerables como personas mayores, migrantes o ciudadanos sin habilidades digitales. Pero la exclusión no se queda ahí: los propios profesionales que gestionan documentación en nombre de sus clientes se topan con un muro ineficiente. Tienen que pelear día tras día con sistemas de cita saturados, plataformas que fallan, y la ausencia total de canales presenciales funcionales. Una distopía administrativa a golpe de clics inútiles.
Desde Cantabria, los Colegios Oficiales comparten esta alarma. No se trata de rechazar la digitalización, sino de evitar que se convierta en el único camino. La transformación digital es imparable, sí, pero no puede venir a costa de derechos básicos ni de la funcionalidad del propio sistema. Cuando lo digital deja de ser una herramienta y pasa a ser una barrera, el problema ya no es tecnológico: es político.
Además, la imposición de la cita previa como única vía de acceso carece de base legal. Ni la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común ni ninguna otra norma con rango de ley establece que la cita previa deba ser obligatoria. Estamos, según denuncian los impulsores del manifiesto, ante una práctica administrativa abusiva que vulnera principios como la igualdad, la seguridad jurídica y la buena administración.
Por todo esto, los colegios cántabros están valorando su adhesión formal a esta campaña. El compromiso va más allá de un gesto simbólico: implica difundir los objetivos del manifiesto, presionar por cambios normativos y organizativos, y exigir una administración que, de verdad, ponga a las personas en el centro. Y eso incluye a los profesionales, que son pieza clave para el funcionamiento de muchos servicios.
El movimiento en favor de la atención presencial está creciendo. Porque no se trata de volver atrás, sino de avanzar de forma inteligente. La digitalización debe ser una autopista, no un peaje imposible. Una herramienta útil, no una pantalla sin salida. Modernizar no puede ser sinónimo de excluir. Y la eficiencia no puede construirse sobre la frustración diaria de quienes necesitan –o representan– a la ciudadanía ante la Administración.
Como recuerda el manifiesto, “la digitalización debe ser un canal, no una barrera”. Y miles de profesionales en Cantabria y en toda España están listos para recordárselo alto y claro a las instituciones.
