Un artículo de Javier Peláez.
Lo han vuelto a hacer.
Cuando parecía imposible superar normativas memorables reguladas sin consenso de ningún tipo que a todos nos vienen a la cabeza, ahora, como si de un doble tirabuzón se tratase, nuestros políticos, en este caso el Gobierno a través de su Ministerio de Trabajo, se atreven a pactar con los sindicatos un estatuto transcendental para la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Con la que está cayendo…
Y no solo lo hace por la puerta de atrás, en medio de un proceso de disolución de las cortes con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, sino que dejan fuera de la negociación a los principales protagonistas sobre los que deberían de pivotar este tipo de regulaciones.
La aprobación del Estatuto del Becario se contempló en la llamada reforma laboral regulada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo que en la disposición adicional segunda estableció que:
“El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para, en el ámbito del diálogo social, abordar el Estatuto del Becario (…)”
En definitiva, se trata de una nueva normativa para regular el periodo de prácticas en empresas que realizan los estudiantes durante su formación y que, además, pretende favorecer su empleabilidad terminado este periodo.
Y lo que es la vida. Se ha convertido en un “Becariazo” en toda regla, como ya se le denomina a este nuevo estatuto. Por muy buena intención que tengan los firmantes de este acuerdo, así no.
Negociaciones viciadas de inicio. Los protagonistas, sin voz ni voto
No se puede pretender encontrar soluciones a un problema que lleva demasiado tiempo latente en nuestra sociedad, dejando fuera a los representantes de las Universidades públicas y privadas, y de las Fundaciones Universidad-Empresa que conocen de primera mano las necesidades y retos a los que se enfrentan nuestros jóvenes estudiantes.
Porque digo yo que algo o bastante tendrán que aportar, como testigos de excepción de estas relaciones que vinculan inexorablemente lo académico con la realidad de ahí fuera.
Los primeros, han puesto el grito en el cielo – y representan a más de 70 Universidades de este país – porque según sus propias declaraciones, amenazan la carrera universitaria de más de un millón de estudiantes que corren el riesgo de no poder concluir sus estudios por esta nueva regulación encorsetada, lo que potencialmente desembocará en gestiones burocráticas, lentas y desaconsejables. Todo lo contrario de lo que el sentido común dictaría y nuestro mercado laboral reclama desde hace demasiados años.
¿Nos encontramos, de nuevo, en una intromisión temeraria del Gobierno, en este caso con respecto a la autonomía de las universidades para gestionar internamente las relaciones con sus principales clientes, es decir, sus alumnos? ¿Cómo es posible dejar al margen a las instituciones académicas en un momento como este? ¿Se han tenido en cuenta sus recomendaciones, se ha escuchado su opinión? Según ellos mismos afirman, me temo que no.
Y que decir de la empresa y sus representantes, que no han participado de este acuerdo final y que, quieran o no los firmantes de este estatuto, serán los protagonistas imprescindibles de estas relaciones en calidad de receptores de alumnos en prácticas. De ellos dependerá el éxito o el fracaso de la norma, y su impulso resultará definitivo en el futuro.
Los empresarios no han aceptado este encorsetamiento ridículo y sobre proteccionista que se recoge en la normativa, limitando además establecer con los estudiantes oportunidades de futuro mediante prácticas extracurriculares, que por experiencia en este campo en calidad de Director de Carreras Profesionales Universitarias y Prácticas en empresa durante varios años, puedo aseguraros que han resultado todo un éxito para la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Gracias a los acuerdos firmados con Organizaciones de toda condición y sector de actividad, he podido colocar en numerosas empresas e instituciones a nivel nacional e internacional a multitud alumnos que hoy, años después, son casos de éxito y pudieron consolidarse dentro de estas entidades, y construyendo un futuro laboral prometedor haciendo lo que más les gusta y para lo que se habían formado.
Entonces ¿por qué eliminan esta modalidad, o la limitan a un porcentaje ridículo en el marco de este estatuto? ¿se dificultará aun más la inserción laboral de nuestros jóvenes?
Demasiadas preguntas, muchas dudas. Habrá que esperar, pero pinta mal.
El drama del desempleo juvenil
En un contexto como el actual, en el que nuestro país registra una vergonzosa cifra de desempleo juvenil, en donde casi un cuarto de millón de jóvenes de 16 a 35 años ha tenido que volver con sus padres en 2020, no se si será una buena solución buscar soluciones a decretazos.
Recordemos que en España tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil y de temporalidad del continente. El 40% de los jóvenes españoles menores de 25 años está en el paro, situándonos en todos los rankings internacionales a la cabeza de tal “prestigiosa” clasificación, y normativas como esta poco o nada ayudan en principio a subsanar esta insostenible situación.
Me cuesta mucho entenderlo.
Debates al margen, puntos de vista encontrados y controversias políticas al margen – no va de esto y huyo como de la peste de estas cosas – lo que si es cierto es que esta nueva regulación vuelve a incidir en uno de los aspectos que parecen ser capitales en los últimos tiempos para nuestro Ministerio, como es el de establecer multas importantes en el caso de comportamientos considerados abusivos con respecto a nuestros jóvenes becarios.
Hasta 225 mil euros de multa para evitar, según sus propias palabras, “nichos de fraude laboral, garantizando el cumplimiento de la norma” aseguran.
Sanciones, regulaciones asfixiantes, burocracia añadida a la ya existente, se condiciona la libertad de empresa, del alumnado y de su universidad, limitando la libertad de las partes para buscar la mejor de las soluciones que mejoren la empleabilidad de los interesados… en fin, a priori, un surrealismo que parece que va “para adelante”.
Principales novedades del Estatuto del Becario
Ciñéndonos a las principales novedades – que no lo son tanto – que se incluyen en el cuerpo legal, podemos destacar las siguientes:
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Se eliminarán las prácticas extracurriculares: Todas aquellas empresas que deseen tener uno o varios becarios tendrán la obligación de firmar un convenio con el centro de formación donde éstos estudien.
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Será obligatorio que las empresas cuenten con un plan de formación que detalle las funciones y tareas de cada becario.
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Se regula también el pago de gastos como dietas y desplazamientos por la empresa, salvo que el becario reciba una beca o una remuneración que cubra dichos gastos. En el caso de que las prácticas se lleven a cabo fuera de España, el becario tampoco asumirá gastos de manutención o desplazamiento.
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Respecto de los derechos del becario, tendrán los mismos que el resto de los empleados de esa empresa: vacaciones, festivos, aparcamiento, seguros…
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Se regula también la figura del tutor, que deberá monitorizar al estudiante durante el periodo de prácticas.
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Se fija un límite de cinco becarios por tutor, tres si la empresa tiene menos de 30 empleados.
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Se limita el número de becarios por empresa: no podrán superar el 20% de la plantilla, aunque este límite podría variar en función del número de empleados.
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Horarios: los becarios no podrán hacer horas extraordinarias ni trabajar en horario nocturno o en turnos alternos, para facilitar que puedan compaginar sus estudios con el trabajo.
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Alta en la Seguridad Social: los becarios deberán estar dados de alta en la Seguridad Social y las cuotas que pague las empresas se subvencionarán en un 75%.
Y fin. Aquí acaba todo. ¿A que nos suena mucho? Pues eso. Novedades, pocas. Limitaciones, muchas.
Suma y sigue.
Como cualquier norma que se precie, habrá que esperar para ver su aplicabilidad en la realidad del mercado de trabajo, si su pretendida eficacia logrará, al menos, alguno de sus objetivos… o si por el camino, habida cuenta de la cita que todos tenemos con las urnas en julio, todo quedará en papel mojado, y puedan, TODOS, sentarse de nuevo en una mesa para ver nuevas y mejores opciones.
