Con las luces y el árbol de Navidad ya en sus cajas y el rosco de Reyes convertido en un recuerdo, llega a la empresa española un año en el que estrenarán obligaciones. Una de ellas es la de calcular su huella de carbono. Cuantificar los gases de efecto invernadero es obligatorio desde el 1 de enero de 2025 para aquellas que tienen más de 500 empleados, están consideradas de interés público o cumplen al menos dos de los estos criterios: más de 250 trabajadores, un volumen de negocio superior a 40 millones de euros o un activo total mayor a 20 millones. El impacto positivo en la reducción de emisiones está asegurado, el esfuerzo por parte de empresa para cumplir una nueva exigencia, también.
Calcular la huella de carbono no es solo una cuestión de números. Las empresas también deberán elaborar un plan para reducir sus emisiones, estableciendo metas concretas a cinco años. Esto no se queda en el papel: muchas compañías estarán obligadas a monitorizar sus avances y a informar. Para quienes quieran ir un paso más allá, el Ministerio para la Transición Ecológica ofrece la posibilidad de inscribir esta información en un registro estatal y publicarla. La idea es certificar el compromiso transparente con la sostenibilidad.
El reto no es uniforme para todas las zonas de España. Algunas comunidades autónomas han avanzado más rápido en la implementación de medidas medioambientales. Por ejemplo, en ciertos territorios ya se exige a las empresas más pequeñas que calculen su huella de carbono, lo que ha servido como un campo de pruebas para las nuevas normativas nacionales. En estos casos, las empresas que llevan más tiempo cumpliendo con estas obligaciones han descubierto que no solo se trata de un tema regulatorio, sino también de una oportunidad para optimizar procesos, ahorrar recursos y mejorar su reputación.
La entrada en vigor de esta normativa también pone sobre la mesa la importancia de la formación. Muchas empresas están invirtiendo en capacitar a sus equipos para que comprendan cómo medir y reducir su huella de carbono. Este proceso no solo implica una transformación operativa, sino también un cambio cultural dentro de las organizaciones, que deben aprender a integrar la sostenibilidad en su estrategia empresarial.
Aunque al principio pueda parecer una carga administrativa más, muchas empresas están dispuestas a reenfocar esta obligación para conseguir un reposicionamiento en la percepción pública de su actividad. «Hacer de la necesidad virtud» puede llevar no solo cumplir con la normativa, sino también ganar eficiencia, reducir costes a largo plazo y posicionarse en términos de reputación como líderes en sostenibilidad.
En Cantabria
Desde el pasado 1 de enero de 2025, las grandes empresas en Cantabria están obligadas a calcular y registrar anualmente su huella de carbono. Esta obligación se aplica a las empresas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros.
Además, se prevé que, a medio plazo, esta exigencia se extienda a las pequeñas y medianas empresas de la región, especialmente aquellas que actúan como proveedoras de las grandes corporaciones. Esto podría afectar a unas 30.000 pymes cántabras, independientemente de su sector de actividad.
Para facilitar la adaptación a esta normativa, el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha subvenciones dirigidas a las pymes. Programas como ‘Certificaciones para la mejora competitiva y la entrada en nuevos mercados’ y ‘Pyme Sostenible 2024’ ofrecen apoyo financiero para proyectos relacionados con el cálculo de la huella de carbono y otras iniciativas de sostenibilidad.
